El Gobierno, de la mano de la Secretaría General de Industria y Pyme, quiere potenciar la financiación a la pequeña y mediana empresa. Y una de las patas principales es extender el sistema de aval que las pymes pueden obtener a través de las 18 Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) que operan en España. Unos avales que abren las puertas para conseguir, en cualquier entidad financiera, los créditos que precisan.
El impulso al sistema de aval se materializa en el refuerzo de Cersa, la Compañía Española de Reafianzamiento, empresa pública que se hace cargo hasta del 60 por ciento del montante avalado por las SGR. Un refuerzo que se plasma, por un lado, en un aumento de su presupuesto que en dos años ha sufrido un recorte desde los 30 millones de euros que recibió en 2015 a los 15 del pasado año.
Begoña Cristeto, secretaria General de Industria y Pyme, explica que esta reducción se debe a que se ha producido remanentes en el presupuesto de los últimos años. Sin embargo, ante las quejas de las SGR, Cristeto ha respondido con el aumento hasta 34 millones de euros que se recogió en el proyecto de Presupuestos Generales de 2018 que no ha visto la luz por falta de apoyo parlamentario.
Pero muy especialmente, se ha aprobado un Plan Estratégico 2017-2020 para la empresa de reafianzamiento pública que marca como objetivo apoyar a 16.000 pymes a finales del periodo, lo que implica un crecimiento del 60 por ciento sobre las 10.000 del pasado año y pone el foco en las pymes de hasta 50 empleados. “Las aportaciones de la Dirección General de Pyme a Cersa acumuladas en los últimos cinco años se elevan a 168 millones de euros y la empresa ha apoyado a 47.776 pymes que sostienen 375.843 empleos, asumiendo un riego de 2.700 millones de euros que ha permitido a las SGR asumir un importe de 4.634 millones de euros en aval financiero, los cuales se han traducido en financiación por valor de 5.452 millones de euros”, dice Cristeto.
El plan estratégico se articula en cinco líneas de actuación: el crecimiento sostenible de Cersa, la difusión y homogeneidad del sistema; colocar el foco en el crecimiento y competitividad de la pyme; el desarrollo de financiación no bancaria y la eficiencia en el uso de los recursos públicos.
En la primera, el plan determina que existen 300.000 pymes al año que requieren garantías para acceder a financiación, una de cada diez de las existentes en España. No obstante, el mercado objetivo de Cersa y las SGR son proyectos viables con unas necesidades de financiación hasta los 1,5 millones de euros, lo que reduce a la mitad (150.000) las que están en la órbita de la empresa de reafianzamiento. La capacidad anual se establece en unas 16.000 empresas frente a las 10.000 del pasado 2017, con más de 2.000 millones de euros de financiación.
El plan establece el compromiso de aportación de recursos para este crecimiento por parte de la Secretaría General de Industria y Pyme, con el fin de cubrir las pérdidas de la cartera reavalada por Cersa, ampliar el capital a cargo de los accionistas y mantener la solvencia suficiente para continuar apoyando el crecimiento y la confianza del sistema para lograr un aval.
La segunda línea, una mayor difusión y homogeneidad del sistema, se marca como objetivo facilitar que todas las pymes puedan acceder a las SGR. El plan reconoce que las pymes no conocen de forma generalizada las SGR de su territorio, pese a haber avalado en los últimos años 150.000. La penetración promedio del 1,5 por ciento de las pyme españolas, corresponde al 5-7 por ciento del universo objetivo de Cersa.
De todas formas, se produce una posición muy heterogénea por territorios, con una penetración 4 veces superior a la media en comunidades como el País Vasco, Castilla y León o Baleares. Además, la gama de productos financieros garantizados difiere de unos a otros. En pos de una mayor difusión, hace unos meses se lanzó la plataforma Conavalsí que facilita el acceso digital a las SGR y simplifica la tramitación de las operaciones con bancos o prescriptores.
La tercera línea, que se vuelca en fomentar el crecimiento y la competitividad de las empresas, busca el apoyo a todas las pymes con dificultades de acceso a la financiación y proyectos viables en sus distintas fases de desarrollo, asegurando la no exclusión o apoyo diferencial por forma jurídica, sector o tamaño. Así como otorgar una cobertura promedio del 60 por ciento a la cartera de las SGR.
El objetivo es, en definitiva, contribuir al crecimiento del tamaño de las pymes en España, la creación de nuevas empresas y la transferencia de negocio, en especial sobre el segmento de micro-pyme y pequeña empresa para que puedan dar el salto a mediana empresa. El 27 por ciento de la actividad de las SGR es con pymes de 10 a 50 empleados, “segmento estratégico a reforzar”, según señala el plan estratégico. Con este objetivo, se plantea incrementar el riesgo máximo de Cersa por pyme hasta los 1,1 millones de euros, lo que abre las puerta a que las SGR otorguen avales de 1,5 a 2 millones, fomentando el coaval.
El cuarto pilar del plan de Cersa hasta 2020 es el desarrollo de la financiación no bancaria hasta el 20 por ciento del total de la financiación empresarial a pymes. El plan apunta los prestamos públicos -CDTI, RCI-; el renting y el leasing, los clientes/proveedores, deuda subordinada Mezzanine, plataforma crowdfunding o fondos de deuda.
Por último, la quinta línea del plan, la eficiencia en el uso de los recursos públicos, pretende generar un efecto multiplicador de los fondos de la entidad. Uno de los eslabones es la canalización de apoyo muy relevante del dinero de la UE, gestionado por el Fondo Europeo de Inversiones (FEI). De hecho, Cersa es uno de los mayores beneficiarios a nivel europeo entre los distintos sistemas de garantías nacionales.
Todas estas actuaciones persiguen el objetivo de reforzar significativamente el sistema de garantía con aval, lo que supondrá muchos beneficios en la financiación de pequeñas y medianas empresas.
Fuente: El Economista
